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REDI es una organización política cuyo principal objetivo es incidir por los derechos de las personas con discapacidad bajo el modelo social.

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Hay que armonizar la legislación educativa para llegar a la educación inclusiva.

Con motivo de las distintas polémicas y avances en los medios de comunicación de sectores de la sociedad argumentando que existen proyectos de Ley que intentan eliminar las escuelas especiales, que de aprobarse dejarían a personas con discapacidad sin tener garantizado su derecho a la educación, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) cree necesario y urgente favorecer distintas propuestas normativas con miras a modificar el sistema educativo actual, a fin de volverlo inclusivo de acuerdo con lo expresado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Celebramos la aprobación del Proyecto de Ley que otorga jerarquía constitucional a la CDPD

Desde la REDI celebramos la aprobación del Proyecto de Ley que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en los términos del artículo 75, inc 22 de la Constitución Nacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover su dignidad inherente, es el primer tratado del sistema de Derechos Humanos del siglo XXI, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución A/RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006, y aprobado por nuestro país por Ley 26.378 del 21 de mayo de 2008. El proceso de negociación y redacción de un instrumento vinculante en materia de discapacidad presentó no pocas resistencias en el seno de ONU, pero el fuerte trabajo de incidencia que contó con la participación activa de organizaciones de personas con discapacidad logró generar conciencia sobre la necesidad de contar con un tratado específico, dada la sistemática e histórica discriminación a la que se ha visto sometido este colectivo. Finalmente, la negociación de su contenido se dio en el marco de un proceso participativo nunca antes visto. Cabe destacar también que el 70% del articulado de la Convención es el resultado de los aportes realizados desde la sociedad civil. En los últimos años, han sido numerosos los proyectos[1] presentados en el ámbito del Congreso Nacional con el objetivo de otorgar Jerarquía Constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin que prosperara su trámite legislativo. Recién a fines de 2013, más exactamente con fecha 28 de noviembre de 2013, la Comisión de Asuntos Constitucionales[2], recomendó la aprobación de un nuevo texto en consideración conjunta de las diversas propuestas realizadas en este sentido. Días después, el 4 de diciembre de 2013, dicho proyecto recibía media sanción del Senado, pasando posteriormente a la Honorable Cámara de Diputados para su tratamiento.[3] Si bien la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reviste jerarquía supra legal, consideramos que elevar su rango, ubicándola en pie de igualdad con los restantes tratados internacionales y regionales de derechos humanos, contribuirá significativamente a promover el diseño de políticas públicas superadoras del modelo médico rehabilitador imperante, asegurando la consideración de las personas con discapacidad como sujetos pleno de derecho, garantizando su participación en igualdad de oportunidades. Al jerarquizar los estándares internacionales fijados por la Convención en la materia, esperamos se de impulso a la tan necesaria armonización de nuestra normativa interna, a tono con el compromiso asumido por nuestro Estado al ratificar dicho instrumento (Art 4°, 1 a), CDPD).- Confiamos en que la aprobación de este proyecto redundará necesariamente en la reafirmación del compromiso asumido por nuestro País de llevar adelante una política pública de derechos humanos que de manera transversal incluya la temática de la discapacidad desde el nuevo paradigma que impone la Convención. Por otra parte, la aprobación de este proyecto es un reconocimiento a la lucha de un colectivo que desde la invisibilidad supo levantar su voz para reclamar por su dignidad. Hoy celebramos el rango otorgado a la Convención, y convocamos a funcionarios de organismos públicos, operadores judiciales y representantes de organizaciones de la sociedad civil a redoblar el esfuerzo para que los preceptos de nuestra norma fundamental se materialicen en la realidad cotidiana de las personas, para desandar el camino de la vulnerabilidad a la que culturalmente se condena a muchos. Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014.- “Nada sobre nosotros, sin nosotros” Comisión Directiva de REDI

Seguimos reclamando: ¡NO a la muerte civil de NADIE!

REDI lamenta la sanción de un Código Civil que no respeta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad En 2008 entró en vigor para nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual prohíbe en su artículo 12 la sustitución de voluntad por medio de la incapacitación y curatela.

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Ultimas notas de REDI en los medios

Si no se aclara, oscurecen

La Justicia porteña intimó al Gobierno de la Ciudad para que readecue el sistema de contención y asistencia a mujeres con discapacidad intelectual que soliciten la práctica de un aborto no punible. El fallo obliga a respetar de modo irrestricto su voluntad y preferencias a la hora de tomar sus propias decisiones, con el apoyo de las personas que ellas elijan.

Macri deberá readecuar su política sobre abortos no punibles

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo intimó al gobierno porteño a readecuar una resolución sobre casos de interrupción de embarazos para mujeres con alguna discapacidad, de modo tal que se respete la voluntad de la persona y no se la obligue a recibir la asistencia de personas desconocidas por ella.

Aborto no punible: intimaron al gobierno por el sistema de apoyo a mujeres con discapacidad

La justicia porteña intimó a la Ciudad para que modifique las normas que no respetan un adecuado sistema de contención a mujeres con discapacidad intelectual que solicitan la interrupción del embarazo.

El nuevo Código Civil “vulnera el derecho de las personas con discapacidad”

Diversas ONGs presentaron en el Senado sus objeciones al proyecto del nuevo Código Civil y Comercial por considerar que vulnera el derecho de las personas con discapacidad al pleno reconocimiento de su personalidad jurídica. Además, manifestaron su preocupación por la violación del derecho de las personas con discapacidad a la participación en la vida política.

Argentina incumple con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Distintas ONG piden que se elimine la interdicción judicial.

Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron un informe al Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el que expresan su preocupación por la discrepancia de la legislación y políticas públicas en la Argentina con la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. También advierten el incumplimiento de las recomendaciones que hizo el Comité en 2012 al Estado argentino.

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