Lic. Gabriela Michetti, Vicepresidenta de la Nación de nuestra mayor consideración | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
PRENSA | Comunicados
25 de Enero de 2016
Lic. Gabriela Michetti, Vicepresidenta de la Nación de nuestra mayor consideración

Lic. Gabriela Michetti, Vicepresidenta de la Nación de nuestra mayor consideraciónPor la presente, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, organización de derechos humanos y discapacidad que trabaja en la promoción y el cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los que se reconocen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por ley 26378 y con rango constitucional desde 2014, le augura una exitosa gestión y espera que se logre un responsable protagonismo de las personas con discapacidad en la formulación de políticas públicas beneficiosas para toda la ciudadanía, incluyendo al colectivo específico de personas con discapacidad. Sin dudas, el que usted sea una persona con discapacidad, le crea un compromiso con el tema y su posición dentro del Poder Ejecutivo Nacional podría resultar clave para el sector.

Nos contactamos con usted a fin de manifestarle nuestro profundo interés en que el diálogo propuesto por el Sr. Presidente, incluya a nuestro colectivo, el cual ha sido vulnerado en sus derechos históricamente. Las personas con discapacidad no podemos continuar esperando para que se nos incluya en la formulación de políticas públicas tal como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus artículos 4 y 33, materializando su lema: "Nada sobre Nosotras y Nosotros, sin Nosotras y Nosotros".

Como organización, reconocemos la importancia de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, estableciendo la desmanicomialización y la atención en hospitales polivalentes, así como la implementación de dispositivos comunitarios que permitan la reinserción social de las personas con discapacidad psicosocial o usuarias de salud mental.

Respecto de la accesibilidad, REDI ha participado y valora profundamente la incorporación del art. 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que contempla la implementación de mecanismos de accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual tales como subtitulado oculto, lengua de señas argentina y audiodescripción tanto para personas con discapacidad visual como en lenguaje simplificado para personas con discapacidad intelectual. Establece además, el doblaje para informes extranjeros, permitiendo el acceso a los contenidos de personas con discapacidad visual y adultos mayores, la lectura de información que se muestra en pantalla y a las personas con discapacidad como público durante toda la ley. Además, es muy valiosa la Ley de Accesibilidad en Páginas Web, que obliga a accesibilizar las webs para las personas con discapacidad a organismos del estado. También se comenzó a trabajar en el acceso al voto, sin embargo, se ha experimentado un significativo retroceso en las dos últimas elecciones y no deberíamos desaprovechar la oportunidad de tratar la cuestión en el contexto del debate de la reforma política y electoral sobre la que ha dialogado el presidente con quienes fueran sus adversarios electorales.

Un tema que consideramos de vital importancia, resulta el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En tal sentido, reconocemos la importancia de la creación del Programa de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia, ADAJUS e instamos al nuevo gobierno ampliar su implementación, teniendo en cuenta el reconocimiento de la necesidad de apoyos para el acceso a la justicia establecida en el nuevo Código Civil y Comercial vigente. En este sentido, cabe señalar que anteriormente, la interdicción o la insania resultaban la regla a aplicar, sin embargo, se ha transformado en una excepción. El reconocimiento de la necesidad de apoyos resulta una medida imprescindible para ampliar el ejercicio de derechos y una capacitación adecuada, así como una ley de apoyos amplia y dispositivos implementados por el Estado, resultan una asignatura pendiente que deberá emprenderse desde los legisladores, con apoyo del gobierno, junto con el poder judicial y claro está, consultando a las Organizaciones de Personas con Discapacidad.

El empleo, resulta fundamental para todas las personas y quienes tenemos discapacidad no estamos ajenos a esto. Por esta razón, instamos al nuevo gobierno a profundizar en el cumplimiento del cupo, así como establecer un cupo similar para las empresas privadas. Es necesario además, que tal como establece la Ley de Talleres Protegidos de Producción, se trabaje para que el empleo protegido sea una instancia previa al empleo abierto que muchas personas con discapacidad intelectual pueden asumir con la capacitación y los apoyos adecuados.

Consideramos además, que la reforma de la ley 22431, aprobada por la Honorable Cámara de Diputados (cámara de origen), debiera reformularse a fin de ser coherente con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y debería someterse a consulta Federal. REDI manifiesta en consecuencia, su vocación de contribuir aportando lineamientos para elaborar un proyecto que resulte en un efectivo avance en la legislación teniendo en cuenta la necesidad de una ley democrática y que contemple el nuevo paradigma que establece el modelo social de la discapacidad.

Respecto a la educación inclusiva, un derecho para todos los chicos y chicas en los distintos niveles, nos resulta por demás alarmante que aún dependa de la voluntad de las escuelas "comunes", que deciden si recibir o no a los chicos y chicas con discapacidad. Consideramos imperiosa la necesidad de que el Estado emprenda un fuerte trabajo en esta materia, a fin de garantizar no sólo la disponibilidad de vacantes en las escuelas, sino también la implementación de apoyos, ajustes razonables y adecuaciones académicas que garanticen una educación de calidad que permita obtener un empleo calificado y así, apartar a la discapacidad de la pobreza, que hoy por hoy se manifiestan en conjunto en la mayoría de las personas que viven con una discapacidad y sus familias.

Por último, manifestamos nuestra inquietud por el nombramiento de la Prof. Sara Valassina al frente de la Comisión Nacional Asesora para las Personas con Discapacidad, en tanto no ser ella una persona con discapacidad y no haber consultado a las Organizaciones de Personas con Discapacidad que trabajamos la temática en todo el país. Cabe señalar, que tampoco consideramos que cualquier persona con discapacidad esté capacitada para ocupar la dirección de este organismo, pero sí sería deseable que se priorizara a personas en esta situación con el nivel de formación adecuado en derechos humanos, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Comisión, debe pasar a ser un organismo focal en la temática, adquiriendo rango de secretaría de Estado, tal lo establece la Convención. Dicho organismo, requiere a nuestro criterio, de una reforma profunda. Debe legislarse respecto de qué organizaciones son de y cuales para personas con discapacidad, ya que defienden intereses diversos y en ocasiones contrapuestos y los recursos de los que disponen, también difieren sustancialmente. En tal sentido, el Comité Asesor (integrado en la actualidad mayormente por prestadores de servicios que lucran con la discapacidad), debiera constituirse por organizaciones de personas con discapacidad con foco en derechos humanos. Así mismo, el organismo debiera experimentar una migración de políticas asistenciales hacia una mirada de reconocimiento de derechos. Esta reforma, no podrá implementarse si permanecen ocupando cargos de importancia qienes son prestadores de servicios, no sólo dentro del Comité Asesor, sino también dentro de la comisión, tal es el caso del Sr. Carlos Conte, quien ocupa el cargo de secretario general.

Es sumamente alarmante además, que no exista en la Comisión, como organismo de aplicación de la Convención, un mecanismo que interactúe con los diversos sectores, para la aplicación de este tratado. Tampoco se evidencia la presencia de mecanismos independientes que promuevan, protejan y supervisen la aplicación de la Convención, ni la participación de las Organizaciones de Personas con Discapacidad en los procesos de seguimiento.

Finalmente, reiteramos nuestra voluntad de trabajo conjunto que pueda materializarse en acciones reales que tiendan al reconocimiento de nuestros derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales.

Sin más, la saluda ATTE

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