REDI celebra el fallo que reconoce el derecho de un joven con discapacidad intelectual a obtener un título secundario que le había sido negado | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
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28 de Octubre de 2016
REDI celebra el fallo que reconoce el derecho de un joven con discapacidad intelectual a obtener un título secundario que le había sido negado

Joven con discapacidad intelectualBuenos Aires, 27 de octubre de 2016- La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) expresa su satisfacción por el fallo en primera instancia emitido el lunes pasado por el Tribunal nº 1 del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que reconoció el derecho de Alan Rodríguez, un joven con discapacidad intelectual, a obtener su título secundario, que le había sido negado por la escuela común en la que cursó y por el Gobierno Porteño, pese a que en sus boletines de calificaciones tenía todas las materias aprobadas. Tanto desde la institución educativa como desde el Ministerio de Educación de la ciudad, se argumentaba que el alumno no había alcanzado los contenidos mínimos necesarios para obtener la certificación oficial.

Esta sentencia es de gran importancia para el colectivo de personas con discapacidad, pues declara inconstitucional la disposición nº 25/DGEGP/2012, dictada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires, que rige para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes. La norma crea los llamados Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI), que se adaptan a las necesidades educativas individuales de cada alumno/a, pero al momento de evaluar el desempeño de estos/as estudiantes, exige hacerlo en función del programa general, sin tener en cuenta los ajustes realizados.

De este modo, el tribunal entiende que a Alan, al igual que a todos/as los/as jóvenes con discapacidad que cursan sus estudios en escuelas de gestión privada de la ciudad de Buenos Aires, le exigieron, para otorgarle el título secundario oficial, haber aprendido contenidos que nunca le fueron enseñados, por haber recibido adaptaciones curriculares, contempladas en la misma normativa. En este sentido, la sentencia indica: "en tanto no impone para todos los alumnos iguales condiciones para la certificación de los estudios secundarios y consecuente emisión del título, la normativa local es violatoria del principio de igualdad, discriminatoria y contraria a las disposiciones constitucionales locales, nacionales y convencionales".

Por otra parte, el tribunal fue claro respecto de otro de los argumentos de la escuela: la firma de los padres del joven de la documentación brindada por el colegio, en la que se informaba cuál era la normativa por la cual se lo iba a evaluar y se advertía que ello implicaba que, si Alan no alcanzaba los contenidos mínimos exigidos por esa disposición, no se le otorgaría el título secundario. Al respecto, la sentencia indica: "El derecho a la educación inclusiva es de titularidad del actor, y no es disponible para sus padres. Así, más allá de las razones que pudieran haber tenido para suscribir la documentación, y sin que ello implique desconocer su vulnerabilidad frente a la cuestión ni sostener que su voluntad no se encontraba forzada por el hecho de tener que adoptar tal curso de acción como –probablemente- único modo de propender a la escolarización de su hijo en una institución educativa convencional, como tampoco desconocer que la escuela se encontraba legalmente obligada a exigir tal suscripción, lo cierto es que en modo alguno la aceptación de las condiciones allí establecidas podrían jurídicamente convalidar una lesión a los derechos constitucionales del actor".

El fallo resulta trascendente porque se basa en el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, y en la observación que el Comité internacional que evalúa el cumplimiento de este tratado le hizo al Estado Argentino sobre el retraso en la aplicación de este artículo en materia de educación inclusiva de estudiantes con discapacidad. De este modo, el tribunal expresa: "la extensión de una certificación que no dé cuenta de la culminación oficial de los estudios del actor –como la propuesta por la normativa local, las autoridades de la escuela y de la Ciudad- que no acredite terminalidad, parecería implicar la emisión de una constancia que acredita que el actor pasó por la escuela, que estuvo allí una cantidad de años, que fue integrado pero no incluido".

REDI apoyó el reclamo de Alan y su familia, presentándose ante la justicia como amicus curiae a favor del joven. En consecuencia, celebra que el tribunal haya dictado una sentencia histórica en materia de derechos de las personas con discapacidad y que para ello haya tenido en cuenta la Convención de Naciones unidas. Sin embargo, advierte que aún falta una política pública sólida que garantice la plena inclusión educativa de los/as estudiantes con discapacidad.

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