Argentina incumple con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Distintas ONG piden que se elimine la interdicción judicial | REDI | Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
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01 de Noviembre de 2013
Argentina incumple con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Distintas ONG piden que se elimine la interdicción judicial

Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron un informe al Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el que expresan su preocupación por la discrepancia de la legislación y políticas públicas en la Argentina con la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. También advierten el incumplimiento de las recomendaciones que hizo el Comité en 2012 al Estado argentino.

Así, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron un informe ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el que destacan diferentes problemáticas planteadas en la Argentina a raíz de la implementación de los artículos 12 –igual reconocimiento como persona ante la ley– y 29 –participación en la vida política– de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Lo cierto es que en septiembre de 2012, el Comité instó al Estado argentino a que el proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial elimine la figura de la interdicción judicial, a través de la cual se priva a las personas con discapacidad del ejercicio de sus derechos y obligaciones por sí mismas, y que garantice en dicho proceso de revisión la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad. Asimismo, solicitó al Estado que le presente, en el plazo de doce meses, información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones.

Relevamiento

En un informe las organizaciones dan cuenta de la alarmante situación ocasionada por la falta de una iniciativa tendiente a avanzar con una modificación del proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación en el sentido requerido por el comité. Por otro lado, y más allá de la realización de audiencias públicas durante 2012, no hay registro de que lo allí referido haya sido analizado pormenorizadamente por los miembros de la Comisión Bicameral.

Cabe destacar que el comité recomendó al Estado argentino que "revise el Código Electoral y haga las modificaciones necesarias para alinearlo con los estándares de la Convención, en particular en materia de capacidad jurídica y el ejercicio del derecho al voto en igualdad de condiciones, y a que continúe sus esfuerzos para garantizar el acceso a las urnas electorales de las personas con discapacidad institucionalizada mediante, por ejemplo, el diseño e implementación del plan nacional para garantizar el ejercicio del derecho a la participación política (…) u otras soluciones alternativas".

Las organizaciones resaltan la gravedad de que a la fecha de elaboración del informe, el Artículo 3 del Código Nacional Electoral mantiene la exclusión del padrón a los "dementes declarados tales en juicio". Asimismo, las personas que se encuentran privadas de la libertad en asilos psiquiátricos no pueden salir libremente para ir a votar aunque no poseen restricción formal para ejercer su derecho a votar y hasta figuran en padrones electorales.

Conforme como lo señaló el comité, el proyecto de ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, "conserva la figura de la interdicción judicial y deja a total discreción del juez la decisión de designar un curador o de determinar los apoyos necesarios para la toma de decisiones de las personas con discapacidad", en grave violación al artículo 12 de la CDPD.

Así, el artículo 32 del proyecto establece que: "El juez puede restringir la capacidad de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Cuando por causa de enfermedad mental una persona mayor de trece años se encuentra en situación de falta absoluta de aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes, el juez puede declarar la incapacidad".

Según se deja evidencia en el informe, la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, creada el 4 de julio de 2012, no llevó adelante debates sobre el contenido y alcance de las disposiciones vinculadas con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad ni que se hayan propuestos cambios a esta regulación de modo tal de eliminar la figura de la interdicción judicial. Es decir, nada impide que, luego de que se apruebe el nuevo Código, un juez civil siga considerando arbitrariamente que, a su criterio, una persona presenta "falta absoluta de aptitud" y, por ende, la declare incapaz y la someta al régimen de curatela.

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