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19 de Junio de 2017
ONG exige la renuncia de funcionarios por pensiones
Diario Popular

Además de la ministra de Desarrollo Social, piden la dimisión del titular del área de pensiones asistenciales. Es por la cancelación de más de 70 mil pensiones que fueron dadas de baja por el gobierno.

Tras la cancelación de más de 70 mil pensiones de entre 3.000 y 4.000 pesos mensuales que cobraban personas con discapacidad y fueron dadas de baja por el Gobierno en los primeros meses del año, una organización exigió las renuncias de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y del titular del área de pensiones asistenciales, Guillermo Badino.

En un informe elaborado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), se manifestó "a la opinión pública y a los funcionarios y funcionarias responsables, la preocupación por la falta de análisis profundo respecto de la situación de total vulneración de derechos que sufrimos las personas con discapacidad".

En ese sentido, se destacó en un informe, al que tuvo acceso DIARIO POPULAR, que "las pensiones por discapacidad no resuelven 'per se' la situación de pobreza estructural en la que está sumido un gran número de personas con discapacidad, simplemente resultan un parche que en algunos casos permite satisfacer necesidades básicas o bien hacer frente a gastos producto de la discapacidad por los que el Estado no responde: movilidad, asistencia personal, tratamientos médicos, que son tan sólo algunos ejemplos".

El trabajo de Redi cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional desde 2014, donde se define que "las personas con Discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

Así, se reflexiona desde "el Modelo Social de la discapacidad que rige la Convención (CDPCD), mucho más amplio que la mirada biologicista del decreto 432/97 que por tanto resulta inconstitucional".

¿De qué se trata el citado decreto 432/97? Fue firmado en 1997 y ya en octubre de 2012, con la administración anterior a la actual, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que monitorea el cumplimiento de la CDPCD, realizó una serie de recomendaciones.

"El gobierno de ese entonces (con la presidencia de Cristina Fernández), no modificó la legislación vigente y el actual (con Mauricio Macri) ignoró las recomendaciones de Naciones Unidas, así como el tratado por completo", se sostiene en el informe de Redi.

Lo cierto es que, en los últimos meses, el decreto se vino aplicando con virulencia y como parte de un proceso de creciente ajuste, afectando a miles de personas con discapacidad que recibían ese ingreso. "La aplicación del decreto no cumplió con los requisitos básicos del debido proceso, que deben reunir los actos administrativos: citación de las personas afectadas, derecho a producir prueba, escucha de la persona y notificación en forma escrita de la decisión tomada. De ningún modo resulta legítima la notificación a través del no depósito de fondos en la cuenta bancaria, lo cual ocasiona un acto de violencia institucional", señaló Redi.

El trabajo de la organización indica, tras las argumentaciones de funcionarios, que no debe retirarse la pensión si un familiar posee un ingreso, tiene auto u otro bien, ya que "las personas con discapacidad necesitan contar con dinero propio para hacer frente a sus gastos".

También se hace foco en que "el Estado incumple sistemáticamente el cupo laboral para personas con discapacidad" y "tampoco controla que lo cumplan las empresas concesionarias de servicios públicos".

Así, desde Redi se solicitó "la inmediata renuncia de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el titular de Pensiones Asistenciales Guillermo Badino; se dicte la inconstitucionalidad del decreto 432/97; y la sanción de una ley de pensiones respetuosa de la dignidad y autonomía del colectivo de personas con discapacidad, de acuerdo con la CDPCD y en estrecha consulta con las Organizaciones de Personas con Discapacidad".

Fuente: Diario Popular

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